Se denomina VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA a aquellas viviendas construidas con arreglo a una normativa de diseño y calidad, de acuerdo con el procedimiento administrativo establecido que las declare como protegidas, y para cuya construcción y/o adquisición la Administración Pública prevé ayudas de diversa índole, estableciendo como límites más importantes el precio de la vivienda y los ingresos de los adquirentes o inquilinos. La vivienda protegida es una de las políticas de vivienda para garantizar el acceso a una vivienda digna.
La vivienda protegida puede ser promovida tanto por la iniciativa pública, como por la iniciativa privada, como legítimo negocio inmobiliario, ya sea en venta o en alquiler.
Se denomina vivienda pública a la vivienda de protección pública promovida por la administración pública que se mantiene en el patrimonio público municipal en régimen de alquiler, para facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de la vivienda.
La Vivienda de Protección Pública puede ser calificada como Básica o Limitada en función de su superficie y su precio, siendo:
VPP de precio básico (VPPB) puede tiene hasta 110 m2 de superficie construida (unos 90 m2 útiles). Su precio por metro/cuadrado útil no puede superar actualmente 1.940 € por metro/cuadrado útil. La renta de sus adquirentes no puede superar 5.5 veces el IPREM (unos 54.000 €).
VPP de precio limitado (VPPL) puede tiene hasta 150 m2 de superficie construida (unos 120 m2 útiles). Su precio por metro/cuadrado útil no puede superar actualmente 2.425 € por metro/cuadrado útil. La renta de sus adquirentes no puede superar 7.5 veces el IPREM (unos 74.000 €).
Además de los límites de renta (5,5 o 7,5 veces el IPREM), los adquirentes tienen que cumplir: - Ser mayor de edad, o menor legalmente emancipado. - No tener una vivienda en pleno dominio o en usufructo, en todo el territorio nacional.
